En la intersección del Alto Amazonas y la cordillera de los Andes, en
Ecuador, se encuentra el Parque Nacional Yasuní,
uno de los lugares con mayor índice de biodiversidad en el planeta. Yasuní es también uno de los centros de
biodiversidad más importantes: en cada hectárea se encuentran
más especies de árboles que en todo Estados Unidos y
Canadá. Lo más importante es que en sus dos millones de hectáreas
habitan los huaorani, tagaeri
y taramenane, descendientes de los pueblos
originarios de América y dueños de una cultura milenaria sobre la
vida en los ecosistemas tropicales.
Yasuní es probablemente uno de los
últimos y más importantes campos de batalla para salvar de la
rapiña de las industrias extractivas lo que queda de bosque tropical
húmedo del alto Amazonas. Quizás es también la encrucijada
para nuestra civilización. Pero Yasuní
tiene petróleo, y uno de sus campos más importantes es el Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con reservas probadas de 920 millones
barriles de petróleo.
El presidente Rafael Correa ha propuesto no explotar las reservas del ITT
para preservar el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habitan el
parque y conservar la extraordinaria biodiversidad de Yasuní.
Esto es compatible con el objetivo de contribuir a la estabilización de
gases invernadero en la atmósfera por dos razones. Primero, el crudo no
quemado representa unos 115 millones de toneladas de carbono que no
serían inyectadas a la atmósfera. Segundo, no abrir los campos de
Yasumí a la explotación evitará
la deforestación, que es uno de los más importantes generadores
de gases invernadero.
La economía ecuatoriana depende fuertemente del petróleo:
alrededor de 45 por ciento de los ingresos fiscales provienen de las
exportaciones de crudo. Así que la no explotación del campo ITT
en Yasuní es una costosa aportación de
Ecuador a los esfuerzos internacionales para mitigar el calentamiento
climático. A cambio de ello, Ecuador pide una compensación por
350 millones de dólares anuales por los futuros ingresos sacrificados.
El cálculo es como sigue: por cada barril de petróleo
extraído en Yasuní, el gobierno
recibiría entre 10 y 15 dólares (el crudo en este campo es pesado
y los costos de extracción son elevados), pero Ecuador sólo
está pidiendo cinco dólares por barril dejado en el subsuelo.
Este monto es realmente modesto si se considera el precio actual en el mercado
internacional.
Las reservas del ITT-Yasuní se convertirían
en un fondo de 4 mil 600 millones de dólares y los rendimientos de dicho
fondo servirían para encaminarse hacia un modelo de desarrollo que no
descanse en la destrucción del medio ambiente y la diversidad cultural.
Los fondos se destinarían a programas organizados alrededor de
principios de sustentabilidad social y ambiental. La
propuesta se complementa con la organización de un fideicomiso con
garantías internacionales para asegurar que las aportaciones se
devolverán si el proyecto no prospera.
Las presiones en contra de esta propuesta son formidables. Para empezar,
Ecuador es uno de los primeros receptores de inversiones chinas y uno de los
objetivos más importantes se encuentra precisamente en la
extracción de petróleo, entre otras actividades cercanas a la
base de recursos naturales. Por otro lado, la empresa estatal brasileña
Petrobrás ha estado muy activa y actualmente tiene una concesión
de exploración y explotación en el parque. En octubre pasado el
gobierno ecuatoriano subió fuertemente los impuestos a las petroleras
extranjeras para ajustar los beneficios de éstas, derivados del
extraordinario aumento en el precio del crudo. Pero las demandas en tribunales estadunidenses en contra de la medida no se hicieron
esperar. No es la primera vez que este tipo de diferendos se ventila en cortes
de Estados Unidos, sólo que esta vez la embestida va por todo.
Las exportaciones de crudo han sido la piedra de toque de la economía
ecuatoriana desde hace tres décadas, pero los beneficios han sido pocos
y mal distribuidos. En cambio, los costos son descomunales. Para los pueblos de
Yasuní, la penetración petrolera
implica la contaminación de cuerpos de agua subterráneos y de
superficie, degradación de suelos, deforestación y
explotación comercial insostenible, así como el desplazamiento de
comunidades en la región en donde han habitado durante siete siglos. La
explotación petrolera es literalmente un peligro mortal, pues esos
pueblos carecen de defensas frente a las enfermedades que lleva la
colonización salvaje. Los pueblos de Yasuní,
y en especial los huaorani, dependen
críticamente de los recursos del bosque tropical por lo que la
explotación del campo ITT será muy probablemente la
terminación de su cultura.
Claude Levi-Strauss, el célebre etnólogo francés,
escribió en sus Tristes trópicos que para uno de los
pueblos originarios del Amazonas la verdadera riqueza radicaba no en la
acumulación de objetos tangibles provenientes de su actividad artesanal,
sino en su heráldica y en su coreografía. Algo para reflexionar
en estos tiempos en los que el bienestar se mide por el consumo de materiales y
energía, las marcas comerciales amenazan con dominar la
simbología y la coreografía más importante es la de la
sumisión cortesana en los salones del poder.
La propuesta de Ecuador debe ser analizada con la atención que merece.